El 8 de agosto 17 países democráticos de América, por órgano de
sus ministros de relaciones exteriores, se pronunciaron sobre la situación de
Venezuela en estos términos:
1. Condenan la ruptura del orden
democrático en Venezuela
2. No reconocen la Asamblea
Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter
ilegítimo.
3. Su pleno respaldo y
solidaridad a la Asamblea Nacional.
4. Los actos jurídicos que
conforme a la Constitución requieren autorización de la Asamblea Nacional, sólo
serán reconocidos cuando la Asamblea los haya aprobado.
5. Su enérgico rechazo a la
violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
6. Su condena a la violación
sistemática de los DD.HH. y las libertades fundamentales. A la violencia, a la
represión, a la persecución política, la existencia de presos políticos, y la
falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
7. Su seria preocupación por la
crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no
permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.
8. Su decisión de continuar (con
el proceso para) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de
Venezuela.
9. Su apoyo a la decisión del
Mercosur de suspender a Venezuela en aplicación del protocolo de Ushuaia sobre
compromiso democrático.
10. Su decisión de no apoyar
ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e
internacionales.
11. Su compromiso de mantener un
seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el
pleno restablecimiento de la democracia en ese país.
Nunca antes en la historia de
América había habido un pronunciamiento colectivo tan explícito y contundente
contra una tiranía. Una oposición democrática lo habría tomado como apoyo
internacional para la aplicación efectiva de los Arts. 333 y 350 de la
Constitución, con todas sus consecuencias y por cualquier medio. Pero la
respuesta del cogollo colaboracionista de la MUD fue desestimar el apoyo de los
17 países acordando: 1) Desistir de hacer cumplir los acuerdos de la AN de
octubre 2016 (ruptura del orden constitucional e invocación del Art. 333), de
enero 2017 (falta absoluta de Maduro con efectos de acefalía presidencial) y de
junio 2017 (desconocimiento de la autoridad de los demás poderes públicos y
convocatoria a la desobediencia civil). 2)Legitimar a la narco-tiranía servil
de Cuba, para sorpresa de los demócratas latinoamericanos, aceptando la
elección de gobernadores en condiciones tales que los electos se incorporarán
al gobierno ilegítimo o de facto, como subordinados al tirano Maduro, quien
preside la narco-tiranía, y en consecuencia haciéndose sirvientes de Cuba por
integrar también el gobierno títere, lo que implica un acto de ALTA TRAICIÓN
por constituir la máxima deslealtad con la República y con la voluntad popular
expresada en la consulta del 16J. 3) Reconocer como autoridad legítima al CNE,
el cual forma parte de la administración colonial al servicio de Cuba, al
aceptar la participación en las elecciones sin exigir garantías de que sean
libres y justas y de contar con observadores internacionales como lo proponen
los 17 países, además de contradecir el acuerdo de la AN aprobado en junio
pasado que desconoce la autoridad del CNE y convoca a la desobediencia civil
con fundamento en el Art. 350 de la Constitución.
No se trata, pues, de diferencias
tácticas entre políticos, sino de ALTA TRAICIÓN por el cogollo colaboracionista
de la MUD.
NARCOTIRANÍA COMUNISTA 33
11-08-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario