lunes, 23 de febrero de 2015

La ilegitimidad de los poderes públicos por su origen golpista

La consecuencia jurídico-política del Golpe de Estado vía Constituyente de 1999 es la ilegitimidad de todos los poderes públicos.
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Hasta 1961 Venezuela había tenido 24 constituciones en 150 años de historia republicana. Una Constitución cada 6,25 años de promedio. Un caso extremo de inestabilidad constitucional. Además ninguna de las 24 constituciones había sido consensuada entre gobierno y oposición. Todas fueron constituciones de partido, impuestas sectariamente por los vencedores en guerras civiles y golpes militares, por regímenes continuistas (1935-1945) o por el capricho del tirano de turno (Gómez se hizo aprobar 7 constituciones en 27 años de tiranía).
Vistos estos antecedentes, los senadores y diputados electos en 1958 por el 90% de los electores registrados acordaron, influidos por el espíritu unitario del 23 de enero, una Constitución consensuada entre gobierno y oposición. De este modo nació la Constitución de 1961, la primera y única de consenso que ha habido en nuestra historia. Conscientes de la transcendencia de su obra, con la cual creyeron echar las bases de una estabilidad institucional duradera, convinieron en establecer, como principio inviolable, la “continuidad constitucional” fundada en el consenso y, en consecuencia, la Constitución de 1961, convertida en matriz del constitucionalismo democrático, sólo podía ser enmendada o reformada por acuerdo entre gobierno y oposición con representación en el Congreso (Senado y Diputados), expresado con el voto favorable de las dos terceras partes, que luego, si se trataba de una reforma general, debía someterse a referéndum. Al efecto, descartaron la Constituyente porque todas las constituyentes habían sido golpistas. Todas habían desconocido arbitrariamente el orden constitucional precedente, atribuyéndose poder absoluto y sin control. Golpe de Estado y Constituyente han estado unidos indisolublemente en la historia de Venezuela. La Constituyente de 1947 fue la consecuencia de la rebelión cívico-militar de 1945 que pretendió legitimar y en ella el partido AD, que proclamaba su pretensión de gobernar durante cien años, funcionó como una aplanadora que arrinconó a la oposición tratándola con desprecio: “fascistas, oligarcas, burgueses, cureros” (¿no es acaso el mismo lenguaje del poder 70 años después?). La Constituyente de 1953 fue la consecuencia del golpe militar de 1952 que desconoció el resultado electoral y en la cual sólo los partidarios de la dictadura eran diputados. Estos fueron los antecedentes inmediatos que debieron haber influido en los redactores de la Constitución de 1961, por haberlos vivido y sufrido en carne propia, para excluir a la Constituyente como medio para derogarla. No sólo fue excluida, sino que calificaron de Golpe de Estado a su convocatoria, instalación y funcionamiento, cuando consideraron como tal el que la Constitución “fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone” (Art. 250). En consecuencia, la inconstitucional derogación de la Constitución de 1961 por la Constituyente de 1999 fue un Golpe de Estado, calificado como tal por la propia Constitución. Más aún, desde su instalación la Constituyente de 1999, al declararse por encima de la Constitución (“supraconstitucional”) desconociéndola, actuó como el instrumento para la ejecución diferida del golpe militar de 1992 que se proponía disolver a todos los poderes públicos legítimamente constituidos.
Para convocar válidamente una Constituyente había que incluirla en la Constitución, lo que obligaba al consenso entre gobierno y oposición para su reforma que, desde luego, debía versar sobre los poderes de la Constituyente, la finalidad de su convocatoria y las bases de su elección y funcionamiento a fin de garantizar el consenso, la representación proporcional de las minorías y sobre todo la continuidad constitucional (o hilo constitucional). Fue lo que exigimos en su momento. Pero los golpistas no podían aceptarlo porque hubiese malogrado su objetivo, que era tener poder absoluto para instaurar una tiranía comunista que sirviese a Cuba como gobierno títere. Decidieron entonces pasar por encima de la Constitución y de la voluntad popular, puesto que sólo el 30% de los electores inscritos votó por la violación de la Constitución de 1961, a pesar de la campaña para desacreditarla.
La consecuencia jurídico-política del Golpe de Estado vía Constituyente de 1999 es la ilegitimidad de origen de todos los poderes públicos.

  
LA RUTA DE LA LIBERACIÓN (XII)
Liberación Nacional y No-Reelección (112)

lunes, 16 de febrero de 2015

El zarpazo que acabó con la democracia


La Constituyente ejecutó el Golpe de Estado planeado desde 1992, pecado original del sistema que vicia de ilegitimidad a todos los poderes públicos desde entonces, el cual no subsana la Constitución Maldita de 1999, llamada así porque ha sido una maldición para Venezuela.
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Recapitulemos: la convocatoria de la Constituyente de 1999 fue el acto de fuerza con el cual se dio inicio al Golpe de Estado que acabó con la democracia. Fue un acto de fuerza porque no tenía fundamento en la Constitución de 1961 ni en la voluntad popular (el poder constituyente, que reside en el pueblo, no la convocó ya que el 70% de los electores se abstuvo o votó en contra).
Iniciado así el Golpe de Estado se dio el paso siguiente: desconocer la representación proporcional de las minorías para asegurarse el control absoluto de la Constituyente, precisamente lo que quisieron evitar los redactores de la Constitución del 61 por lo cual eliminaron toda posibilidad de tomar esta vía para la reforma constitucional. Los golpistas inventaron el “kino”, un sistema de votación mediante el cual la minoría insurrecta contra la democracia (30% de los electores) tuvo voto múltiple lo que le permitió elegir al 90% de los diputados de la Constituyente. Una trampa de los golpistas para convertir a la Constituyente en brazo ejecutor del golpe.
A pesar de que la Constituyente no era representativa del poder constituyente que reside en el pueblo, tanto por el desconocimiento de la representación proporcional de las minorías como por la abstención del 60% de los electores en su elección, se instaló declarándose originaria con poderes absolutos e ilimitados. Así la Constituyente se convirtió en una asociación de golpistas para delinquir contra la Constitución. Y, a semejanza de las juntas militares que le precedieron, revestida esta vez con el ropaje usurpador de la voluntad popular, asumió la facultad de limitar o decidir la cesación de las actividades de los poderes públicos legítimamente constituidos, lo que significó la implantación de un gobierno de facto. Y como tal se colocó por encima de la Constitución de 1961 todavía vigente al considerarse “supraconstitucional”. La Constituyente actuó como la división blindada de la camarilla golpista para encubrir la ejecución diferida del Golpe de Estado de 1992. Con la Constituyente el golpe antes fracasado se hizo victorioso tomando la forma de AUTOGOLPE, entendiendo por tal el Golpe de Estado que ejecuta el Presidente de la República desde el poder mediante la intervención, disolución o reorganización de los demás poderes públicos (Congreso, Poder Judicial, Fiscal y Contralor). Así la Constituyente los intervino de inmediato.
Consumado el golpe, tal como fue concebido en 1992 (sometimiento de todos los poderes públicos declarados en disolución o reorganización), la Constituyente procedió a consolidar la situación de hecho que había creado, cosiéndole un traje constitucional a la medida con la pretensión de hacerla irreversiblendole ﷽﷽﷽﷽que había creado, poni poder constituyente. l proceso fue s. rocedie la Repces se hizo victorioso tomando la forma de . Al efecto, aprobó el texto redactado por el Golpista Mayor y lo sometió a la aprobación del pueblo. En el referéndum sólo votó el 42,3% de los electores, absteniéndose el 57,7%. Si a éstos agregamos el 11,9% que votó en contra, resulta que el 69,9% del poder constituyente no aprobó la Constitución. Sólo lo hizo el 30%. Una vez más el 70% que no convocó la Constituyente ni la eligió, tampoco aprobó el proyecto constitucional. Evidentemente todo el proceso fue írrito, al margen de la Constitución y en contra de la voluntad mayoritaria del poder constituyente. No hubo proceso constituyente. Se le dio ese nombre a un Golpe de Estado. Por consiguiente, a todos los efectos futuros, la Constitución de 1961 no ha sido derogada. Se ha dejado de observar desde 1999 por el Golpe de Estado sistemático y continuo activado ese año.
La Constitución de 1999 nació maldita. No sólo por la bastardía de su génesis golpista y la perversidad de su autor, que la impuso para poder consumar sin obstáculo institucional la traición a la patria en que incurrió, sino por un suceso natural que presagiaba todos los males que nos ha traído. Aquel día 15-12-99 en que se la votaba cayó el mayor diluvio jamás visto en Venezuela, causante de una inmensa tragedia colectiva. Observado a la distancia, no fue una coincidencia sino una advertencia divina sobre la maldición que nos caía con esta Constitución .
Sin duda la Constitución del 99 ha sido una maldición para Venezuela. Es una Constitución maldita, que nos ha traído todas las desgracias juntas. La única en nuestra historia bajo cuyo imperio hemos perdido la soberanía.


LA RUTA DE LA LIBERACIÓN (XI)

lunes, 9 de febrero de 2015

El inicio del Golpe de Estado que acabó con la democracia


No sólo Maduro es ilegítimo. Son igualmente ilegítimos todos los poderes públicos porque tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició con la convocatoria de la Constituyente mediante un acto de fuerza.
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Somos el único país en el mundo con un presidente muerto sin acta de defunción y un presidente vivo sin partida de nacimiento. Ambas permanecen ocultas para encubrir un crimen: el asesinato de la Constitución. No la violación, sino el asesinato consumado por una asociación para delinquir del más alto nivel complotada con Cuba.
El ocultamiento de estas pruebas legales basta para desconocer a Maduro por ilegítimo. Nos preguntaría asombrado un extranjero: ¿porqué la oposición no lo ha desconocido? Habría que responderle que el lugar de la oposición ha sido usurpado por los colaboracionistas, que le sirven de comparsa a la tiranía. Los colaboracionistas no hacen oposición como lo prueba que no hayan exigido, tanto el acta de defunción del difunto como la partida de nacimiento del sucesor, diciendo que son irrelevantes. Mayor prueba de colaboracionismo, imposible. Hay, pues, un concurso de ilegitimidades que funciona como una sociedad de cómplices: Maduro y la MUD, usurpadores ambos, aquél de la presidencia, ésta de la oposición.
La pregunta siguiente que nos haría un extranjero: ¿qué pasa con los restantes cuatro poderes públicos que no han actuado? No lo han hecho porque en Venezuela todos los poderes públicos tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició en 1999. Así, pues, no sólo Maduro adolece de ilegitimidad de origen. También todos los poderes públicos son ilegítimos. Todo el sistema político es ilegítimo. Expliquemos porqué.
El difunto fue electo para el período 1999-2004 bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la cual no preveía una Constituyente porque tenía vocación de perpetuidad. Al no preverla no podía ser convocada. Para convocarla había que reformar previamente la Constitución con el fin de incluirla en ella, ya que había sido excluida intencionalmente. En las actas de la comisión redactora y en los debates parlamentarios quedó claramente expresado el motivo. No se quería repetir la experiencia traumática de la Constituyente de 1947, de la cual emanó una Constitución de partido impuesta por aplanadora. Habiéndose logrado por primera vez en nuestra historia republicana el consenso entre todas las fuerzas políticas, representativas del 90% de los electores, se blindó la Constitución consensuada ante cualquier tentación sectaria, obligando a que la reforma, total o parcial, se hiciese igualmente por consenso en el seno del Congreso Nacional.
Decidido a efectuar lo que tenía previsto si hubiese triunfado el golpe militar de 1992 (disolución de todos los poderes públicos para reconstituirlos colocando a serviles), el difunto ejerció violencia moral (coacción) sobre la Corte Suprema, la que claudicó accediendo a la convocatoria de la Constituyente, aunque la condicionó a que fuese el pueblo el que la aprobara en referéndum. Motivó la sentencia con la tesis complaciente de la supremacía de la soberanía popular sobre el texto constitucional, que sirvió de fundamento jurídico al Golpe de Estado en marcha. El mismo día de su toma de posesión el ahora difunto convocó el referéndum consultivo exigido para que fuese el pueblo, en ejercicio de la soberanía popular, el que convocara la Constituyente pasando por encima de la Constitución. Pero el pueblo no convocó la Constituyente. En efecto, sólo concurrió a votar el 37,8% de los electores, absteniéndose el 62,2% que sumados al voto negativo (7,6%), significa que el 70% de los electores no aprobó la Constituyente. La convocatoria fue negada (apenas el 30,7% de los electores, una minoría exigua, votó a favor), por cuyo motivo se debía seguir forzosamente el procedimiento de reforma constitucional establecido en la Constitución de 1961. Era la única alternativa constitucional. Pero los golpistas, encabezados por el Golpista Mayor ahora difunto, dieron por aprobada la convocatoria atribuyéndole así la soberanía popular a una minoría insurrecta. La convocatoria de la Constituyente fue, pues, un acto de fuerza, porque no se sostuvo ni en la Constitución ni en la soberanía popular que sólo podía ser ejercida por la mayoría determinante de los electores.  Con este acto de fuerza se dio inicio al Golpe de Estado sistemático y continuo que acabó con la democracia, el crimen político a documentar en la segunda pieza del expediente contra el gobierno títere.

LA RUTA DE LA LIBERACIÓN (X)
Liberación Nacional y No-Reelección (110)

sábado, 7 de febrero de 2015

El "jujú" de la muerte del difunto y su herencia


No consta LEGALMENTE que Chávez haya muerto, puesto que no se consigue el acta de defunción en el Registro Civil. Suponiendo que murió, como dicen los beneficiarios de su muerte, debió ser enterrado en un cementerio por razones sanitarias, tal como la disponen las ordenanzas municipales de Caracas. Todo cadáver debe ser enterrado o incinerado. Un cadáver insepulto es un peligro gravísimo para la salud pública, aún más cuando se ignora de qué murió. Pero Chávez no ha sido enterrado ni incinerado. No existe prueba de su inhumación. Sería un cadáver insepulto.
Dicen que el cadáver está dentro de la urna que se exhibe en lo que llaman Cuartel de la Montaña. ¿Estará allí de verdad? Si fuere cierto hay que actuar como lo ordenan las leyes de sanidad pública, tanto más que no se sabe la causa de su muerte. Lo primero: abrir la urna para constatar que contiene a un ser humano. Lo segundo: constatar que es el cuerpo del difunto. Lo tercero: practicarle un examen médico-forense para saber de qué murió, porque el ocultamiento del acta de defunción, si existe, hace sospechar un crimen. Y, por último, proceder a su inhumación en resguardo de la salud pública. 
Los hijos del difunto, únicos y universales herederos suyos, debieron presentar el acta de defunción de su padre acompañando la declaración de herencia, requisito indispensable para el trámite administrativo. ¿Se les aceptó la declaración de herencia sin el acta de defunción? Esto haría más sospechoso aún el misterio de la muerte del difunto e incriminaría tanto a las autoridades como a los herederos de estar ocultando un crimen. Supongamos que sí presentaron el acta de defunción, porqué la esconden los hijos y la autoridad tributaria conjuntamente? Porqué los hijos no la exhiben para disipar las dudas que fomenta su propia actitud? Basta con que ellos la exhiban públicamente, junto con el certificado médico, para todo quede claro y se acaben las sospechas.
Al misterio de la muerte del difunto, se suma ahora el misterio de la herencia. ¿Está emitida la planilla de liquidación del impuesto de sucesiones y, si así fuere, en cuál registro está registrada a los fines de que conste de que los herederos pueden disponer de la herencia? Sería demasiado sospechoso que también se la oculte.
Para decirlo en venezolano: estamos ante un “jujú”(manejo turbio, secreto y sospechoso de un asunto, por añadidura de interés público y de consecuencias  constitucionales, legales y políticas). 



REFLEXIONES 67                                                             07-02-15

miércoles, 4 de febrero de 2015

En la sombra sólo trabaja el crimen


Lo dijo Bolívar. Hagamos nuestras sus palabras en el caso del ocultamiento del acta de defunción del difunto presidente y de la partida de nacimiento de su sucesor. ¿Porqué han sido ocultadas ambas durante dos años? Desde luego, hay una sola explicación: prueban un crimen. ¿Cuál crimen? Tal vez el cometido contra el difunto. ¿Es imposible? Ya en las tragedias griegas, representada en el teatro, la trama versaba sobre el parricidio cometido por el hijo-heredero contra el rey-padre. Desde entonces fue una constante en la literatura dramática. Léase a Shakespeare, por ejemplo. De allí que toda muerte misteriosa de monarcas y presidentes, estando en ejercicio del cargo, genera sospechas que recaen sobre el heredero o sucesor. Todo heredero o sucesor es sospechoso de la muerte de su causante cuando la cubre un misterio: dónde murió, cuándo murió y de qué murió. No vale que lo diga el propio interesado, ni sus cortesanos. El único modo de que el heredero o sucesor se libre de la sospecha es que exhiba públicamente el acta de defunción, junto con el certificado del médico que atendió al difunto. Sólo así prueba que su causante murió de muerte natural, el día y el lugar que se dijo, y no fue que lo mataron o adelantaron su muerte mediante eutanasia, o escondieron su cuerpo a conveniencia.
¿Y porqué ocultar la partida de nacimiento del heredero o sucesor? Sólo podría haber interés si el heredero no es legítimo. En las monarquías de sucesión dinástica era indispensable para probar la legitimidad del heredero por la filiación y el lugar en el orden de suceder. En las repúblicas es absolutamente imprescindible para probar la legitimidad del sucesor por el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución. Todo sucesor es ilegítimo mientras no exhiba la partida de nacimiento que pruebe que cumple con el requisito de la nacionalidad exigido para el ejercicio del cargo.
La partida de nacimiento es la prueba idónea de la nacionalidad por el lugar de nacimiento (jus soli) y/o por la filiación (jus sanguinis), sean excluyentes o compatibles.
El ocultamiento del acta de defunción crea la sospecha de un crimen contra el difunto, que se está encubriendo. Pero el ocultamiento de la misma, junto a la partida de nacimiento del sucesor, genera la certeza de que se está encubriendo un crimen aún mayor puesto que es contra la República: el asesinato de la Constitución, consumado por una asociación para delinquir del más alto nivel.


REFLEXIONES 66                                                            03-02-15

lunes, 2 de febrero de 2015

La primera pieza del expediente contra el gobierno títere de Cuba


Debemos ir preparando el expediente contra el gobierno títere de Cuba para tenerlo listo llegada la ocasión y  mientras le enviamos un resumen de cada pieza a los expresidentes democráticos de todo el mundo.
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Apenas regresó a Colombia el expresidente Andrés Pastrana logró que el partido Conservador solicite al gobierno de su país que plantee a la OEA examinar la situación de Venezuela en aplicación de la Carta Democrática de América. Estaremos eternamente agradecidos, tanto por su actitud durante su visita como por este gesto, aunque sabemos que el Presidente Santos no atenderá la solicitud, porque a los fines de su entendimiento con las FARC le conviene tener a Maduro sometido ocultando en la manga la prueba de su nacionalidad colombiana. Santos tiene fama de jugador de póker con cartas marcadas en política y, como tal, cuando Maduro se pone bocón, mueve la muñeca para insinuar lo que tiene escondido en la manga. Entonces Maduro va y abraza a Santos, como ha sucedido en Costa Rica, diciéndole: oiga usted paisita, no lo tome a mal, es puro teatro, usted sabe que yo soy agradecido con los que me hacen favores.
La iniciativa de Pastrana y su Partido Conservador no será secundada por la MUD por ser colaboracionista, pero la Resistencia debería aprovechar la oportunidad de que, por fin un dirigente latinoamericano de jerarquía se apiade de los venezolanos, para formar el expediente contra el gobierno títere de Cuba, con el fin de tenerlo listo cuando llegue la ocasión. Comencemos con la ilegitimidad de origen de la presidencia de Maduro.
Recordemos. El nombramiento de Maduro como Vice-Presidente Ejecutivo era nulo de nulidad absoluta por inconstitucional debido a que tiene la nacionalidad colombiana por nacimiento, aunque la misma sea compartida con la venezolana (41, 227 y 238 de la Constitución de facto 1999). Este hecho nos ha sido confirmado por el expresidente Pastrana que llamó “paisano” a Maduro. No lo hubiera dicho sino fuera verdad. Maduro no lo ha desmentido presentando de inmediato su partida de nacimiento. Por el obstinado ocultamiento de esta prueba se establece la presunción juris tantum en su contra, invirtiéndose la carga de la prueba.
A la nulidad por inconstitucional de su nombramiento de Vice-Presidente Ejecutivo, que vicia todos sus actos posteriores, se agregó que asumió inconstitucionalmente la presidencia estando enfermo su titular sin haber sido declarada la falta temporal a pesar de haberse ausentado del país. El ocultamiento del estado del moribundo fue un complot montado por Cuba, cuyo gobierno había escogido el sucesor. Mientras se preparaba la sucesión se montó el teatro de que el moribundo gobernaba desde el extranjero, lo cual vicia todos sus actos desde el 8 de diciembre de 2012.
Luego ha ocultado el acta de defunción del titular del cargo, por lo cual se ignora todavía dónde, cuándo y de qué murió. Esta acta de defunción debió ser presentada a la Asamblea Nacional para declarar la falta absoluta. Por el hecho de que el titular no fue visto públicamente desde el 8 de diciembre de 2012, debe presumirse que murió un día de ese mismo mes, al efecto fijemos el último (31) cuando se produjo la falta absoluta. La consecuencia es que, desde entonces, todos los actos de Maduro son nulos de nulidad absoluta. Para probar lo contrario Maduro debe presentar el acta de defunción.
Declarada la falta absoluta, sin la prueba legal de la defunción, fue convocada la elección del sucesor. Evidentemente Maduro no podía ser candidato a la presidencia por ser colombiano de nacimiento, que lo hace inelegible. No le fue exigida la partida de nacimiento ni siquiera para aclarar siquiera la duda sobre la doble nacionalidad. No se la exigió el CNE porque estaba formado por cuatro militantes de su partido y un colaboracionista. Así, pues, la inscripción del candidato y su posterior elección son nulos de nulidad absoluta. A lo cual se agrega que ésta última fue fraudulenta. No sólo por vicios del registro electoral, sino porque se negaron a la prueba de la exhibición de los cuadernos de votación. El que la MUD haya desistido de la denuncia de fraude no convalida el vicio. Sólo prueba su colaboracionismo.
Esta sería la primera pieza del expediente contra el gobierno títere de Cuba que deberíamos tener listo para cuando se presente la ocasión de hacerlo valer. Basados en la experiencia de la visita de los expresidentes Pastrana, Piñera y Calderón y de la exhortación del periodista Openheimer a todos los expresidentes democráticos del mundo que vengan a darse cuenta de la realidad venezolana, debemos hacerles entrega de un resumen del expediente. Así se darán cuenta de la ilegitimidad de origen del gobernante títere de Cuba y del colaboracionismo de la MUD.

Liberación Nacional y No-Reelección (109)
LA RUTA DE LA LIBERACIÓN (IX)

domingo, 1 de febrero de 2015

"Hay algo podrido" en la muerte del difunto


El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha insinuado, según noticias de prensa, que su denunciante ante las autoridades de EE UU, el Capitán de Corbeta Leamsys Salazar, pudo “hacer algo” para que Chávez muriera. Y “ese algo”, para ser censurable, sólo puede ser que el escolta de confianza del difunto pudo haberlo matado.
Si la MUD fuera oposición, y no colaboracionismo, aprovecharía la oportunidad para acabar con el misterio de la enfermedad y muerte de Chávez, de transcendencia política y constitucional innegables, porque estos hechos son determinantes para establecer la legitimidad de la sucesión presidencial.
No ha sido exhibida el acta de defunción de Chávez. Mientras no se la exhiba, no hay prueba legal de la falta absoluta. Sospechosamente el Presidente de la Asamblea Nacional no la exigió para sustentar legalmente la declaración de vacante. ¿Está interesado en que no se sepa cuándo, dónde y de qué murió el difunto, y porqué? Si como insinúa a Chávez lo mataron, entonces el ocultamiento del acta de defunción con el certificado médico  lo incrimina. Todavía se hace más sospechoso porque enseguida incorporó al CC Salazar a su guardia personal. ¿Es que, por encargo suyo, hizo lo que ahora insinúa que pudo haber hecho y por eso lo trajo a su lado? Para quedar limpio de toda sospecha Cabello está obligado a exhibir el acta de defunción con el certificado médico anexo con el fin de quede claro si el difunto murió de muerte natural o fue víctima de un homicidio. Y, de paso, subsana así el vicio que tiene la declaración de falta absoluta por inexistencia de la prueba legal. Mientras Cabello no exhiba el acta de defunción es sospechoso de haber participado, como encubridor o cómplice, del crimen que ahora insinúa.
Y si efectivamente le “hicieron algo”, quién se lo hizo? Las novelas policías enseñan que el menos sospechoso sería el CC Salazar porque la muerte de Chávez, con quien gozó de protección y privilegios, lo dejaba en la incertidumbre sobre su futuro. Los principales sospechosos serían los que se beneficiaron con su muerte. Desde luego, primero que nadie, Maduro como Vice-Presidente con derecho a sucesión. El beneficiario del crimen, si lo hubo, es Maduro, que se la pasaba en La Habana.
¿Saben ustedes porque fue eliminada la Vice-Presidencia establecida desde la independencia? Recordemos el pasaje histórico. El presidente Gómez hizo que la Constitución estableciera dos Vice-Presidentes. Nombró como primero a su hermano menor. Y de segundo a su hijo mayor, creyendo que se podía confiar en ellos por el vínculo de sangre. Pero sucedió que el primer vicepresidente fue muerto a puñaladas mientras dormía dentro de Miraflores. Nadie vio al asesino. Entonces Gómez, por simple malicia campesina, sospechó que su hijo fue el que mandó a matar al tío para ascender a primer vicepresidente. Pensó que el próximo sería el padre, él mismo, por lo cual aplicó un proverbio de su gusto (“la culebra se mata por la cabeza”) enviando al hijo al extranjero, de donde nunca volvió. Gómez eliminó la vice-presidencia. Y desde entonces no hubo vice-presidente en Venezuela, porque se escarmentó con este antecedente y además por lo que Gómez como vicepresidente le hizo a Cipriano Castro, cuya ausencia temporal del país aprovechó para derrocarlo. Fíjense bien: ausencia temporal del presidente por enfermedad y entonces el vice que no podía meter cuentos de lleva y trae desde el extranjero, porque no había aviones, decidió simplemente derrocarlo: “la culebra se mata por la cabeza”.  Ni en la familia se puede confiar para la vicepresidencia, y mucho menos en compadres y compañeros de partido.  
En conclusión, si al difunto le “hicieron algo” para matarlo o adelantar su muerte, el primer sospechoso sería Maduro por ser el beneficiario directo del crimen. Y aún más sospechoso lo hace el ocultamiento del acta de defunción, junto con el certificado médico. Sólo se librará de la sospecha si la exhibe como debió hacerlo para que la sucesión sea legítima.
La insinuación de Cabello indica que, parodiando a Shakespeare, “hay algo podrido” en el misterio de la enfermedad y muerte de Chávez.

REFLEXIONES 65                                                                                  31-01-15