El capitalismo es el sistema económico que vamos a implantar para la modernización de Venezuela, en sustitución del comunismo, que es un fósil político-económico. Lo debemos decir clara y categóricamente.
La base del capitalismo en todas sus etapas, aún en la tercera ola, es la propiedad privada, que debe tenerse por derecho fundamental a gozar y disponer de las cosas que integran el patrimonio privado, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. En consecuencia, la democracia futura debe constituirse en REPÚBLICA DE PROPIETARIOS. Lo opuesto a lo que ha sido la Venezuela petrolera hasta ahora. Al ser la República la dueña exclusiva del petróleo y posteriormente de la industria petrolera, los gobiernos populistas crearon con la renta petrolera una distorsión económica, estableciendo primero un Capitalismo de Estado (1975-2000) en crisis permanente y luego un Mega-Estado-Comunal-Comunista (2000-2017), que ve a todo propietario privado, incluyendo a los llamados pequeños burgueses, como enemigo, porque tiene de qué vivir y, por consiguiente, no necesita de las dádivas (misiones) con la cual compran voluntad y voto.
Las primeras medidas para construir la REPÚBLICA DE PROPIETARIOS deben ser: 1) devolver a sus legítimos propietarios las empresas y demás bienes que les fueron confiscados; 2) privatizar todas las demás empresas públicas. Todas deben ser privatizadas, absolutamente todas, por dos razones: 1) Todas las empresas públicas sólo han servido en Venezuela para enriquecer a sus administradores; y, 2) Todas las empresas públicas, incluyendo ahora a PDVSA, han dado pérdidas, nunca ganancias.
La privatización debe estar abierta al capital extranjero, porque después de 18 años de saqueo descarado del patrimonio público, los pocos venezolanos con capital suficiente para comprar empresas públicas son los ladrones comunistas que forman la tiranía de la delincuencia organizada y algunos colaboracionistas. Para evitar que éstos laven su dinero sucio comprando empresas públicas hay que exigir una especie de “limpieza de sangre” de su capital. Tal como en la Colonia se exigía el “certificado de limpieza de sangre” para cargos y títulos, en la nueva democracia habrá de exigir este certificado a los capitales de los pretensos compradores de empresas públicas. Agregando una cláusula de rescisión si, después de adjudicada la propiedad, se descubriere que ese capital proviene de la corrupción o el narcotráfico.
Desde luego, toda privatización que haga la narcotiranía comunista deberá ser declarada nula durante la transición. Comunista no privatiza porque estaría renegando del marxismo-leninismo. Cuando un comunista privatiza es con la intención perversa de crear otra modalidad de saqueo del patrimonio público, que en este caso sería adjudicar a los suyos, a precio irrisorio, empresas públicas y bienes que les fueron confiscados a sus legítimos propietarios. Ni aún presentando el “certificado de limpieza de sangre” de sus capitales se les podrá aceptar la adjudicación. Será una inhabilitación para la adquisición de empresas y bienes públicos, por sí o por persona interpuesta, con el fin de evitar que se beneficien del saqueo de la Nación en el cual participaron y formen una MAFIA EMPRESARIAL NARCO-COMUNISTA.
Nuestra meta: HACER DE VENEZUELA UNA REPÚBLICA DE PROPIETARIOS CON CAPITALES DE LIMPIO ORIGEN.
CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 2 28-11-17
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