En octubre pasado la Asamblea
Nacional declaró, mediante acuerdo vinculante, que está roto el orden
constitucional por un Golpe de Estado (autogolpe) dado desde la presidencia por
Nicolás Maduro Moro, a quien posteriormente, el 9 de enero de este año, declaró
en falta absoluta por abandono del cargo, entre otros motivos por estar fuera
de la Constitución. En ejecución de su acuerdo, la Asamblea Nacional debió
hacer la participación correspondiente a la OEA y a todos los gobiernos de
América, procediendo de inmediato a activar el proceso previsto para cubrir la
vacante o acefalía de la presidencia de la República.
La AN no hizo nada de eso,
faltando a su deber constitucional, cuya consecuencia ha sido que desde el 9 de
enero del presente año la presidencia de la República continúe siendo ocupada
por Nicolás Maduro Moro, en calidad de usurpador de funciones públicas.
Ante la ruptura del orden
constitucional declarada expresa y formalmente por la AN, así como también por
la acefalía o vacancia de la presidencia de la República al ser declarada la
falta absoluta por abandono del cargo, el señor Secretario General de la OEA
decidió dar cumplimiento al deber que le impone la Carta Democrática
Interamericana de 2001 de presentar un informe ante el Consejo Permanente a los
fines de lo dispuesto en el artículo siguiente:
“Artículo 19.- Basado en los principios de la
Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula
democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del
orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte
gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras
persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las
sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de
la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos
de trabajo y demás órganos de la Organización.”
Ahora bien, la Carta Democrática
Interamericana fue ratificada por Venezuela el mismo año 2001, durante la
presidencia de Chávez, y en consecuencia se incorporó a la Constitución
vigente, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 23 que dispone: “Los tratados,
pactos y convenciones relativos a los derechos humanos tienen jerarquía constitucional
y PREVALECEN en el orden interno, en la medida en que normas sobre su goce y
ejercicio más favorables a los establecidos en esta Constitución y en las leyes
de la República, y son de aplicación inmediata y directa…”
Por consiguiente, la Carta Democrática
Interamericana es norma interna de la República con jerarquía constitucional,
prevaleciendo sobre las demás normas jurídicas en cuanto garantiza una
situación más favorable para los venezolanos en la protección de sus derechos,
cuando está roto el orden constitucional, máxime estando la presidencia de la
República ejercida por un usurpador a cuyo servicio se encuentran los demás
poderes públicos, excepto la AN, y cuyo poder reside en el apoyo de la FANB a
su tiranía.
Al formar la Carta parte de la Constitución,
la AN debió proceder: 1) A invocarla para la aplicación conjunta con los Arts.
333 y 350 (CONTRAGOLPE CONSTITUCIONAL)
que ordenan restablecer el orden constitucional, con apoyo militar; y,
2) A solicitar de la OEA su colaboración para
restablecer el orden constitucional ante el desacato a la AN por el
usurpador Nicolás Maduro Moros y el ilegítimo TSJ, si la FANB le mantuviera su
apoyo actuando como partido político armado en violación de la Constitución.
La AN no ha tenido iniciativa
alguna, paralizada porque en su seno predominan títeres y colaboracionistas. No
se ha movilizado siquiera para apoyar activa y entusiastamente al Secretario
General de la OEA y manifestarse de acuerdo con su propuesta, lo que
significaría hacer cumplir las propias decisiones de la AN tomadas en
octubre. Una vez más la AN ha quedado
como un teatro colaboracionista, que simula ser oposición para engañar
ocultando que ya ha pactado con Maduro dejarlo hasta 2019.
Sin duda, los colaboracionistas
son una plaga. La peor plaga que tenemos desde hace años.
Usted lo ha dicho y es verdad. Apenas ganaron las elecciones, Borges, Capriles y Ramos dijeron que a Maduro había que dejarlo mandar hasta el 2019 Que el hecho de ser colombiano no importaba. El mismo diciembre ya Capriles empezaba hacer campaña para el revocatorio. El revocatorio sirvió para excusa de retrasar cualquier intento de salir de Maduro. Se dejaron sacar a los diputados de Amazonas después de ser proclamados. Con esa mayoria podíaan cambiar un TSJ ilegal e ilegítimo y nunca lo hicieron. También pudieron cambiar el CNE, y no lo hicieron. Ahora andan detrán de un CNE cubano, de rodillas implorando unas elecciones. Eso es un circo, para dar más tiempo. A esos elementos tenemos que llamarlos por sus nombres, y declararlos ENEMIGOS DE VENEZUELA.
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