Una vez más el gobierno de EE UU se ha equivocado en la solución de la crisis política de Venezuela. Ha puesto a dialogar a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2025, ilegítima de origen, con Dinorah Figuera, presidenta de la extinta Asamblea Nacional electa en 2015 cuyo mandato venció en 2020. No olvidemos respecto a ella que en el sistema presidencial, como el nuestro, los períodos determinan el fin del mandato. Con la terminación del período vence el mandato y se extingue la legitimidad.
Lo que ellos acuerden adolecerá, pues, de nulidad absoluta. Ambos carecen absolutamente de legitimidad y representatividad. Lo procedente hubiera sido el diálogo entre Edmundo González Urrutia, quien ganó la elección presidencial de 2024 pero no fue proclamado, con Delcys Rodríguez, usurpadora del cargo por beneficiaria del fraude contra él.
El precedente más remoto de una negociación entre ambos es el armisticio entre el patriota Bolívar y el realista Morillo en la ciudad venezolana de Trujillo, que concluyó con el tratado de regularización de la guerra, que en este caso sería una junta de gobierno, un nuevo CNE y una nueva campaña presidencial en la cual María Corina Machado sería candidata.
Aún hay tiempo, depende de que EEUU lo imponga.
