INHABILITACIÓN PERPETUA POR ESTÚPIDOS

1.- Para el análisis político-jurídico de la situación actual de Venezuela, tenemos que comenzar por los acontecimientos de fines del siglo XX desde donde arrancó la actualidad que vivimos, los que nos permitirá fijar posición sobre el presente y sus perspectivas inmediatas.

En 1980 comenzó el desmoronamiento del imperio comunista soviético con la caída del Muro de Berlín, el cual separaba físicamente la Alemania Oriental comunista de la Alemania Occidental democrática. Metafóricamente se llamaba CORTINA DE HIERRO a la separación político-económica entre los dos sistemas: el social-comunista y la democracia capitalista. Esta separación, que resultó en una confrontación que se llamó GUERRA FRÍA, fue la mayor consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar esta conflagración bélica  Estados Unidos había emergido como Potencia Mundial. Y al sucumbir su rival comunista-soviético en la post-guerra, en los años 90 del siglo pasado, quedó como la SUPERPOTENCIA MUNDIAL, sin rivales.

2.- Para la fecha de aquellos acontecimientos (últimos 10 años del siglo XX) el sistema político-económico de Venezuela estaba en crisis. El ESTADO DE PARTIDOS instaurado en 1958 con el PACTO DE PUNTO FIJO, en lugar del ESTADO DE BIENESTAR implantado en Europa Occidental, no tenía repuesta satisfactoria para la CRISIS ECONÓMICO-SOCIAL que se había agravado con la CRISIS FINANCIERA, iniciada con la quiebra de varios bancos (entre ellos el BANCO LATINO, el mayor de todos) la cual golpeó con dureza a todos los sectores populares. Muchos perdieron sus ahorros. Y todos nos vimos disminuidos económica y socialmente. El descontento general se hizo evidente con el apoyo popular al fallido golpe militar de 1992. Consciente del peligro para el sistema político-económico de entonces, Rafael Caldera, único de sus fundadores que aún vivía, se dispuso a impedir que la crisis económico-social terminara en otra dictadura y con la advertencia precisamente de que “democracia con hambre no dura” prometió entonces un “cambio radical y profundo”. El pueblo entendió su mensaje y lo reeligió.

3.- Estábamos entonces en Venezuela al fin de una época y no sólo al final de un siglo. Así lo dije y lo repetí entonces. Coincidía también con el final de una época mundial: el final del COMUNISMO con el derrumbe del sistema comunista soviético.
Ambas coincidencias eran determinantes para la toma de decisiones. Visto que Estados Unidos, el líder de los pueblos que integramos la CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL JUDEO-CRISTIANA como sistema de vida y la DEMOCRACIA como sistema político, había vencido quedando como la SUPERPOTENCIA MUNDIAL, sin rivales, era lógico que, por identidad ideológica y política, reconociéramos su liderazgo y adhiriéramos al sistema político-económico que preconiza. Y con mayor razón cuando tal adhesión nos beneficiaba particularmente.
Entonces Caldera tomó la decisión correcta de adherir Venezuela a la iniciativa de Estados Unidos de globalizar el capitalismo como sistema económico en América suscribiendo, en 1994 en Miami, el compromiso de constituir la ALIANZA DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA (ALALC).
Venezuela hubiese sido el mayor beneficiario, porque siendo productor de petróleo y minerales que necesitaba Estados Unidos nos hubiese traído inmensa riqueza y prosperidad como nos lo dijeron en repetidas ocasiones varios presidentes latinoamericanos. Venezuela era la favorita por privilegiada. Y Cuba la excluida por comunista, por lo cual conspiró en contra. 

4.-  Cuando teníamos las puertas abiertas a un período de inmensa prosperidad y bienestar general, sucedió la desgracia de que los gobernantes no dieron el paso decisivo de ponerle fin a la crisis político-económica nacional dando por terminada la época iniciada en 1958, que estaba agotada, e instaurando en su lugar otra haciendo el CAMBIO RADICAL Y PROFUNDO prometido por Caldera. Al no hacerlo, se profundizó el malestar general creando las condiciones para que emergiera Chávez, candidato de Cuba, y ganara las elecciones.
Entonces los castro-comunistas de Chávez, ya en el poder, siguiendo instrucciones de Cuba, impidieron que la ALALC (ALIANZA DE LIBRE COMERCIO), se convirtiera en realidad. Lo hicieron invocando su necia consigna leninista: “contra el imperialismo.” Así desde 1999 hasta hoy, hemos vivido la etapa de mayor decadencia económica y social de Venezuela. Hemos vivido desde entonces en una crisis humanitaria, que ha provocado la emigración del 30% de la población. Todo por culpa de la estupidez de los castro-comunistas que han gobernado durante 26 años.

5.- En los mismos años China emergía del desastre provocado por la ortodoxia comunista de Mao. Bajo el liderazgo de Deng Xiao Ping dio un vuelco. Abrió las puertas al capitalismo, seduciendo a las empresas de Estados Unidos, las cuales invirtieron grandes capitales en China. Lo hizo garantizando seguridad jurídica. Y usando como atractivo el bajo costo de la mano de obra. China se llenó de empresas yanquis que la convirtieron en potencia económica. Así los capitalistas yanquis, por su afán de lucro, crearon su propia competidora y enemiga. Es ahora cuando vienen a darse cuenta del error político, que tratan de resolver antes de que sea tarde. Engendraron un monstruo que constituye ahora su mayor amenaza.

6.- La comparación nos deja una conclusión: los chavistas o castro-comunistas de Venezuela  son unos estúpidos. Pudieron imitar a China que abrió las puertas de la economía al capitalismo de Estados Unidos, la modernizó y enriqueció hasta convertirla en potencia económica mundial. Pero prefirieron someterse a Cuba, que estaba en la ruina, y enfrentar a Estados Unidos cerrándole la puerta. Han pasado 26 años sin aprender la lección que les daba China. Son, pues, unos ESTÚPIDOS. Sólo buenos para la maldad.
Probado que lo son, por sus ejecutorias durante 26 años, se los debe inhabilitar políticamente cuando regresemos a la democracia. No pueden ser electos para ningún cargo público por constituir una amenaza a toda la población POR ESTÚPIDOS. Por estar incursos en la mayor responsabilidad política que podría haber, debe condenárselos a la INHABILITACIÓN POLÍTICA PERPETUA.

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ITINERARIO DE MADURO EN PRISIÓN

1.- Nicolás Maduro será procesado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y terrorismo  como jefe del Cartel de los Soles. Será condenado a una pena mayor de 20 años, si acaso no le imponen la prisión perpetua.

El Fiscal General de la República de Venezuela, nombrado cuando recuperemos la democracia, deberá hacerle seguimiento a este juicio a los fines siguientes.

2.- Suponiendo que Maduro esté vivo para cuando haya cumplido la condena en Estados Unidos, debe ser entregado por este país a la Corte Penal Internacional, con sede en Holanda, que para entonces seguramente le tendrá abierto juicio por delitos de lesa humanidad.

En una prisión de Holanda cumplirá la condena de otros 20 años que le imponga la CPI.

Si la CPI no lo reclama, ya lo está haciendo un Tribunal de Argentina que, por jurisdicción universal, lo ha encausado por los mismos delitos que debería hacerlo la CPI.

3.- Suponiendo que Maduro esté vivo para cuando haya cumplido también la condena que le imponga la CPI o, en su  defecto, el Tribunal de Argentina, debe ser entregado por ellos al Tribunal de Venezuela que le tendrá juicio abierto por varios delitos, entre  los cuales estarán seguramente traición a la patria, usurpación continuada de la presidencia de la República y saqueo del Tesoro Nacional (corrupción)

Como esto será en una nueva Venezuela, con tribunales dignos, se lo condenará y cumplirá la condena de otros 30 años en una prisión que seguramente tendremos aquí como la existente actualmente en El Salvador.

4.- Así, pues, cabe prever que Maduro morirá en una prisión, posiblemente acompañado por varios compañeros de partido y de gobierno incursos en los mismos delitos.

Su muerte en la prisión será  el espejo en el cual deberán verse los futuros gobernantes. Servirá de escarmiento ejemplarizante.

Concluyo: como se ve, por el itinerario previsto de Maduro en prisión, es clave el nombramiento del primer Fiscal General de la Nueva Democracia.

Hay excelentes penalistas con sobrados méritos por sus actuaciones en estos tiempos. Un ejemplo: los miembros del Foro Penal. 

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LA ÚNICA TRANSICIÓN EXITOSA HA SIDO CON JUNTA DE GOBIERNO

1.- Hay falta absoluta del Presidente de la República desde el 10 de enero de 2025, por lo menos, cuando el cargo quedó vacante porque, no habiendo sido electo  legítimamente Nicolás Maduro para el período 2025-2031, tomó sin embargo posesión por la fuerza, reincidiendo así en el delito de usurpación.

Para la fecha hay consenso unánime de la comunidad internacional de que efectivamente Nicolás Maduro usurpaba dicho alto cargo desde aquel día. Era un usurpador y por ello no le son aplicables las disposiciones constitucionales sobre falta absoluta y temporal del titular, porque no lo son.

La ausencia del usurpador completa la ACEFALÍA ABSOLUTA.

2.- Desde luego, todos los actos del usurpador antes de su ausencia, incluido el nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo, SON NULOS DE NULIDAD ABSOLUTA tal como lo dispone el Art. 138 del Constitución de 1999: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.”

Es aplicable dicho precepto por igual a la Asamblea Nacional por ser ilegítima su elección. En consecuencia, serán nulas las leyes que apruebe con el agravante de que será nula su promulgación por el Poder Ejecutivo por ser también ilegítimo. Así, pues, la ley reformadora de la industria petrolera adolecerá del vicio de nulidad absoluta.

Por ser ilegítimo igualmente el Tribunal Supremo de Justicia todas sus sentencias son nulas, incluyendo la que reconoce al usurpador como titular del cargo cuando no lo era y encarga de la presidencia a la Vicepresidente nombrada por el usurpador.

3.- Estamos en la situación prevista en el Art. 333 de la Constitución, un GOLPE DE ESTADO, ejecutado el 10 de enero 2025. El mismo precepto constitucional, nos impone como deber de ineludible cumplimiento: restablecer la vigencia efectiva de la Constitución, ejecutando el CONTRAGOLPE CONSTITUCIONAL, que llamamos así porque es la respuesta al acto de fuerza que ha violado la Constitución. Pero la Constitución no dispone cómo se ejecuta. Por consiguiente, hay discrecionalidad al respecto.

Pero no es la primera vez que ocurre. El 333 de la Constitución de 1991 es una copia del inciso primero del Art. 250 de la Constitución de 1961 el cual se inspiró en un antecedente inmediato: cómo se resolvió la crisis político-constitucional en 1958, siendo por tanto la voluntad del constituyente proceder del mismo modo.  

En 1958 nos encontrábamos en una situación semejante a la actual: se produjo la falta absoluta del tirano (a nadie se le ocurrió hablar de “ausencia forzosa”, aunque lo echamos por la fuerza), y todos los poderes públicos eran ilegítimos de origen y desempeño (hasta las autoridades universitarias). Entonces, sin que el tirano hubiese presentado su renuncia, tomó el poder una JUNTA DE GOBIERNO, cívico-militar, con el objeto de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución violada por el tirano y su camarilla, fijándose 1 año de plazo durante el cual se fueron tomando decisiones que contaron con la aprobación unánime (todos los grandes líderes y todos los partidos apoyaron). Se reformó sin demora la ley petrolera, para mí la mejor de nuestra historia porque fue un factor determinante de bienestar y estabilidad. Hubo un nuevo Poder Judicial, un nuevo Congreso Nacional, un nuevo Presidente de la República, nuevos gobiernos regionales y municipales, todos electos por un pueblo entusiasmado. Así, con el apoyo del pueblo, se restableció la vigencia de la Constitución en apenas un año y disfrutamos del ESTADO DE DERECHO y de  DEMOCRACIA plena.

Tenemos, pues, esta experiencia exitosa. Si se fue el tirano como entonces, ¿porqué no repetimos una TRANSICIÓN como la efectuada en 1958, la única exitosa de nuestra historia? Se constituiría ahora, como se hizo entonces, una JUNTA DE GOBIERNO, con esta misión: restablecer la vigencia efectiva de la Constitución devolviéndonos libertad y democracia y religitimando las instituciones en el plazo máximo de un año, mediante el ejercicio pleno de la soberanía popular.

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