La regresión judicial

Sin jueces independientes 

no hay democracia ni libertad.

La democracia que sirvió de modelo a los libertadores, la de Estados Unidos de América, debe su existencia prolongada, que excede los dos siglos, al funcionamiento efectivo de las instituciones, sobre todo el Poder Judicial. En Venezuela ha sido diferente. Hasta 1958 subsistía una situación lamentable que fue descrita por Martín Pérez Guevara, que llegó a presidente de la Corte Suprema de Justicia, con estas palabras: “El Poder Judicial ha sido pura y simplemente un apéndice del Poder Ejecutivo. Ha estado maniatado hasta ahora por la intervención directa que tiene el Poder Ejecutivo.” El juez subalterno del mandón de turno y obediente a sus órdenes fue retratado por Rómulo Gallegos en la novela “Doña Bárbara” con el personaje llamado Mujiquita, que hizo fama. Tanta que a los jueces sumisos a los gobernantes se les despreciaba con ese mote. Estudiado bien el personaje se observará un detalle: Mujiquita no enjuiciaba a políticos en la novela. Sólo conocía de causas de derecho privado (en su caso, civiles). La caracterización se ajustaba a la verdad. Hasta entonces los dictadores no usaban a los jueces para perseguir a los adversarios políticos. Se valían de la policía, que los ponían presos sin fórmula de juicio. Los jueces quedaban al margen. Esto explica que la dictadura militar (1948-1958) haya creado el Ministerio de Justicia, inexistente hasta entonces, designando a un jurista muy respetado en la Universidad y en el gremio.  Una aparente incoherencia que sólo se entiende porque esa dictadura, igual que las anteriores, no usó a los jueces para perseguir a los políticos. Los mantenía apartados de una tarea encomendada exclusivamente a los policías o esbirros. Pero también atados, bien atados, para evitar que se entrometieran en los asuntos del gobierno. Sus nombramientos se hacían siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica, conforme a la cual los jueces de mayor jerarquía (superiores y de primera instancia) eran postulados por el Ministro de Justicia, el cual presentaba una terna a la Corte Federal, subalterna de la tiranía, la que escogía el titular quedando los otros dos como suplentes. El Ejecutivo nombraba directamente a los jueces de inferior categoría, incluyendo los de instrucción.

Los redactores de la Constitución de 1961, la primera y única de consenso en nuestra historia, decidieron un cambio transcendental destinado a independizar al Poder Judicial del Ejecutivo. Retomaron la iniciativa que apenas se había esbozado en la Constitución de 1947: “La ley podrá establecer un Consejo Supremo de la Judicatura con representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a fin de asegurar la independencia, eficacia y disciplina del Poder Judicial y la efectividad de los beneficios en éste de la carrera administrativa” (Art. 213). Y la convirtieron en orden expresa al legislador: “La ley orgánica respectiva creará el Consejo de la Judicatura, cuya organización y atribuciones fijará con el objeto de asegurar la independencia, disciplina y decoro de los Tribunales y de garantizar a los jueces los beneficios de la carrera judicial.”

La idea de crear el Consejo de la Judicatura tiene en Venezuela una paternidad indiscutible. Pertenece a Rafael Caldera, quien la planteó por primera vez a la Constituyente de 1947. La extrajo de la Constitución de Francia (1946), copiada por la de Italia (1947). Ambos países venían saliendo de la ocupación extranjera que implantó el nazismo (caso de Francia) y de la tiranía del fascismo (caso de Italia), en las cuales los tribunales fueron instrumentos de persecución y represión políticas. Esta experiencia convenció definitivamente a franceses e italianos que sin jueces independientes no hay democracia ni libertad. Optaron por igualar al Poder Judicial con los otros poderes públicos, separándolo de ellos, bajo el gobierno de un órgano ejecutivo (Consejo Supremo de la Magistratura), a cuyo cargo está la administración de la carrera judicial (nombramientos, ascensos y régimen disciplinario). Con su creación los europeos introdujeron el AUTO-GOBIERNO, un mecanismo de garantía de la independencia judicial, no sólo de la independencia del Poder Judicial en su conjunto sino de todos y cada uno de los jueces y magistrados, lo que ha funcionado muy bien durante 69 años.

En cambio, en Venezuela se ha producido la regresión judicial. Estamos en la situación de Francia ocupada por la Alemania nazi, ya que estamos bajo la ocupación de Cuba comunista. Estamos en la situación de Italia bajo la tiranía de los camisas negras, aquí camisas rojas. Nos juzgan políticos con togas. Tenemos una justicia militarizada, evidente porque somos el único país de América con un militar como Ministro de Justicia. Suficiente para mostrar el desprecio por la palabra justicia. Estamos peor que bajo la dictaduras anteriores, y por ello ésta terminará peor que las anteriores. Y como forzosamente llegará a su fin cuando menos lo esperamos es hora de plantearnos la pregunta: ¿qué vamos a hacer con el Poder Judicial cuando caiga la tiranía comunista que nos ha impuesto Cuba? Ensayemos la respuesta.

¿QUÉ HACER CON EL PODER JUDICIAL? (1)

¿Con Estados Unidos o contra Estados Unidos?

“Si las órdenes no están claras, es culpa del jefe” (Sun Tzu)

Los comunistas que forman el gobierno títere están contra Estados Unidos. Son sus enemigos declarados. Lo dicen con claridad y lo repiten hasta el cansancio. Los colaboracionistas de la MUD, que usurpan la oposición, no los contradicen. Mantienen una actitud ambigua. No se declaran abiertamente contra Estados Unidos, pero tampoco se dicen sus amigos. No hay un movimiento político que defina una posición opuesta a la sostenida por los títeres de Cuba. En este asunto transcendental, como en tantos otros, los títeres de Cuba no tienen contrapeso, porque no ha surgido un liderazgo de contraste, con definiciones claras y rotundas, que las diga sin miedo. Por este motivo reina la confusión en quienes se oponen al régimen, tanta que algunos caen en la trampa que los hace defender a criminales y ladrones como si fueran Venezuela.

En materia de política internacional la pregunta fundamental que debemos hacernos es la siguiente: ¿Estamos con Estados Unidos o contra Estados Unidos? Ya sabemos que la tiranía comunista, que sirve de títere a Cuba, está contra Estados Unidos. En la lógica de la política, como de la guerra, si ellos tienen esa posición la nuestra debe ser la contraria, porque “el enemigo de mi enemigo es mi amigo.” En consecuencia, si los títeres de Cuba son enemigos de Estados Unidos, siguiendo el ejemplo del país al cual sirven, los demócratas que los adversamos debemos ser amigos declarados de Estados Unidos. En esto no puede haber dudas. Y debe quedar claro.

Nuestro país está sometido al dominio de Cuba, representada aquí por un gobierno títere encabezado por un extranjero como lo era Emparam. Entonces nuestra primera tarea es la liberación de Venezuela, esta vez de Cuba. Para lograrlo tenemos varios obstáculos. El primero, Cuba, enemigo de Estados Unidos y de la Venezuela democrática. El segundo, el cerco montado por Cuba, para impedir que Venezuela se libere, en una especie de Santa Alianza llamada UNASUR integrada por los gobiernos presididos por los miembros de la Internacional Comunista (Foro de Sao Paulo), enemiga de Estados Unidos y de la Venezuela democrática. El tercero, la alianza de Cuba y su gobierno títere con Rusia, enemigo de Estados Unidos y de la Venezuela democrática, que ha ido convirtiendo a nuestro país en su base militar. El cuarto, la alianza de Cuba y su gobierno títere con el terrorismo islámico, enemigo de Estados Unidos y de la Venezuela democrática. Y, por último, la unión de Cuba y su gobierno títere con las guerrillas colombianas, que han montado en territorio ocupado de Venezuela la principal empresa del tráfico de drogas, el cual usan como arma estratégica contra Estados Unidos, pretendiendo su derrota mediante el envenenamiento de su juventud.

Todos estos enemigos de Estados Unidos son enemigos de la Venezuela democrática. Y todos estos enemigos de la Venezuela democrática  son enemigos de Estados Unidos. Si tenemos enemigos comunes, resulta obvio que, en función del interés nacional, debemos estar con Estados Unidos y no contra Estados Unidos. La cuestión es muy sencilla: Estados Unidos tiene que enfrentar a estos enemigos suyos que amenazan su seguridad nacional. En la medida que los enfrente nos ayuda a nosotros en la lucha por la liberación nacional y la democracia. Al golpear Estados Unidos a estos enemigos suyos, nos favorece a los demócratas venezolanos porque son también nuestros enemigos.

La base de la amistad entre Estados Unidos y la Venezuela democrática está en que compartimos enemigos comunes, por lo cual la lucha contra ellos nos beneficia mutuamente. Resulta evidente además que Estados Unidos diferencia entre su enemigo, el gobierno títere, y el pueblo de Venezuela al cual sostiene. Estados Unidos no nos ha invadido ni intervenido; por el contrario, nos sostiene a los venezolanos. Al comprar el petróleo y pagarlo en efectivo Estados Unidos está sosteniendo al pueblo venezolano, porque sin este ingreso sufriríamos hambruna. Es un gesto de amistad hacia nosotros comprar nuestro petróleo obviando que el gobierno títere es su enemigo declarado que se ha unido a todos sus enemigos en el mundo. Los demócratas debemos valorar este gesto y decirlo sin complejo.

POLÍTICA INTERNACIONAL 1                                       21-03-15

Ladrones y criminales son una amenaza para todos

Liberación Nacional y No-Reelección (115)

Para nosotros son una realidad trágica: la tiranía de los peores. Para los vecinos, la mayor amenaza por su alianza con el terrorismo (FARC y extremismo musulmán), el narcotráfico a gran escala y el lavado de dinero en montos inimaginables.

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A su solicitud ante la OEA de que investigue al gobierno de Maduro con vista a la aplicación de la Carta Democrática de América, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, la ha complementado con la petición de medidas cautelares de protección a favor de los presos y perseguidos políticos. ¿Qué motiva la insistencia de Pastrana? Desde luego, la solidaridad de un demócrata que merece nuestro agradecimiento. Pero por encima de ello lo mueve el supremo interés nacional de Colombia. Pastrana está consciente de que la suerte de su país está unida a la de Venezuela. Veamos porqué.

Por la traición de Santos, Colombia está a punto de caer bajo el dominio de la Internacional Comunista de América Latina (Foro de Sao Paulo), creación de Fidel Castro, que completará de este modo el control total de América del Sur. Ya lo están: Venezuela con Chávez y Maduro, Brasil con Lula y Rousef, Uruguay con Mujica y Tabaré, Argentina con los Kirchner, Chile con la Bachelet, Bolivia con Evo y Ecuador con Correa. Agreguemos que Humala pertenece al Foro, y por ello es un riesgo latente para Perú. El de Paraguay no está con ellos, pero les tiene miedo. Falta el trofeo de Colombia, cercada por todos lados e impedida de defenderse por la estrategia cubana de infiltrar a Santos en el gobierno de Uribe como aquí infiltró a Chávez en la FAN.

Colombia se salvaría de caer bajo la Internacional Comunista si Venezuela sale de Maduro y vuelve la democracia. Provocaría en América del Sur un efecto dominó como el que ocurrió a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez cuando reinaba la Internacional de las Espadas. Fueron cayendo una tras otra todas las dictaduras militares. Lo primero que haría la democracia venezolana sería acabar con el santuario terrorista que tienen FARC y ELN en el territorio nacional, bordeando las fronteras oeste y sur. Al expulsarlas, eliminaría la base de operaciones del tráfico de drogas que las financia. Con estos golpes fulminantes contra las guerrillas comunistas, le daría apoyo a los anticomunistas colombianos para reconquistar el poder. Lo peor que puede pasarle a Cuba y a la Internacional Comunista es que Venezuela recupere la democracia. Saldría a la luz, para que los pueblos americanos se vean en ese espejo, la ruina de la economía y la miseria que nos han traído el comunismo y la sumisión a Cuba, así como la podredumbre moral de los gobernantes, asaltantes del poder y saqueadores del patrimonio de la República, ladrones de cuentas milmillonarias en dólares y criminales que matan estudiantes. Pero el golpe demoledor lo sufriría Cuba, que perdería la colonia que la sostiene. Se desplomaría en la quiebra, viéndose obligada a pactar con premura su rendición ante Estados Unidos y la Unión Europea, que la aceptarían condicionada a que haya democracia.

Los comunistas del Foro Sao Paulo están conscientes de los efectos devastadores que tendría para ellos la pérdida de Venezuela. Y por este motivo tratan de impedirla a toda costa. Amenazan con no reconocer a una Venezuela democrática, lo cual es ridículo porque ninguno de los países del Foro sostiene a nuestro país, ni siquiera le compra petróleo. Es Venezuela la que les compra productos. ¿Qué importa que no nos reconozcan? Mientras Estados Unidos nos compre y pague el petróleo, tenemos suficiente. ¿No son ellos los mismos que adulan y ensalzan a la cruel y vetusta dictadura cubana violando la Carta Democrática? Es la doble moral del Foro de Sao Paulo. Pero lo que más temen ellos es que una Venezuela democrática los enfrente en los foros internacionales, con pruebas en la mano del dinero que recibieron para sus campañas políticas y su peculio personal y de los negocios que hicieron en perjuicio de nuestro pueblo. Y que esa Venezuela democrática asuma, junto con una Colombia democrática, el liderazgo continental para liberar de la Internacional Comunista a Sur América. Sería otra vez la liberación del subcontinente doscientos años después de la gesta libertadora.

El fin de la tiranía comunista de Venezuela iniciará una nueva y brillante etapa histórica de la democracia en nuestro país y en toda América. Pero no vendrá porque la OEA actúe. Tanto no podemos esperar de la iniciativa de Pastrana, la cual debemos ver únicamente como la oportunidad para presentarle a la comunidad internacional la justificación jurídico-política del cambio radical y profundo que, por la fatalidad de los hechos, deberá producirse.

Concierto de ilegítimos

La ilegitimidad de Maduro por su nacionalidad vicia de nulidad el nombramiento de Arreaza, a su vez Cabello es el más ilegítimo de los tres, de modo que todos estarían descalificados para ejercer la presidencia

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Apenas regresó a Bogotá de su viaje a Caracas el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, logró que su Partido Conservador elevara a la OEA la solicitud de que se investigue a la tiranía comunista que azota a Venezuela con el fin de aplicarle la Carta Democrática de América. Entonces dije aquí que la MUD, por ser colaboracionista, no aprovecharía la oportunidad de exigir lo mismo. Sólo le interesa la elección parlamentaria para seguir sirviendo de comparsa, ya que es una alianza burocrática de busca-puestos y cuida-puestos. En su defecto sugerí que fuese la Resistencia, ese movimiento hasta ahora difuso, el que preparase el expediente contra el gobierno títere de Cuba. Coherente con mis palabras he venido sugiriendo cuáles deberían ser las piezas de este expediente. Repasemos la primera.

Evidentemente Maduro es un presidente ilegítimo. Lo es porque no ha probado ser venezolano por el lugar de nacimiento (ius soli) y, en el supuesto negado de serlo, no ha probado que no tiene doble nacionalidad derivada de la filiación (ius sanguini). Ha usurpado el cargo durante dos años por el colaboracionismo de la MUD. En ningún momento le ha exigido la prueba legal, su partida de nacimiento y las de sus padres. Y aún así pretende que votemos por sus candidatos en las parlamentarias, a sabiendas de que no se atreven siquiera a eso. En lugar de condicionar el diálogo promovido por UNASUR y el Vaticano a la prueba de la legitimidad en razón de la nacionalidad, la han obviado por “irrelevante”. Menos aún se atreverá a plantear la misma exigencia ante la OEA amenazando con el desconocimiento de Maduro por ilegítimo si no aclara definitivamente esta duda, surgida por el ocultamiento de su partida de nacimiento. Es lo que habría hecho una oposición de verdad.

Detengámonos en este punto. Está claro que Maduro sólo puede continuar en la presidencia si prueba que cumple con el requisito constitucional. Si no lo prueba, debería renunciar. Y si no renuncia debería ser removido del cargo por usurpador, para lo cual cobra importancia advertirlo a la OEA en refuerzo de la denuncia del Partido Conservador de Colombia, sobre todo cuando el expresidente Pastrana ha llamado insistentemente “paisano” a Maduro, poniendo en evidencia, sin proponérselo, el colaboracionismo de la MUD, cómplice del ocultamiento de la partida de nacimiento.

Supongamos que Maduro sale del cargo por este motivo, quién le sucede? La Constitución de facto de 1999, resultante del Golpe de Estado sistemático y continuado que se inició ese año, dispone que sea el Vice-Presidente. Pero si Maduro no cumple con el requisito de la nacionalidad todos sus actos son nulos, incluyendo desde luego el nombramiento del Vice-Presidente. En consecuencia, no podría asumir el cargo. Sería un caso de acefalía absoluta. Para meterle miedo a la gente a fin de que no se produzca esta situación, los colaboracionistas alarman con esta pregunta: ¿vamos a cambiar a Maduro por Cabello? Es una falacia. La Constitución de facto de 1999 no prevé que el presidente de la Asamblea Nacional supla la falta absoluta del presidente en ejercicio y simultáneamente del Vice-Presidente. Supongamos que, con el auxilio del TSJ, se llene el vacío con dicho funcionario. Surgiría entonces la ilegitimidad de Cabello por ser militar activo, tanto que fue ascendido a capitán. Cabello es un diputado ilegítimo porque los militares activos no pueden ser electos diputados. Y más ilegítimo aún que sea presidente de la Asamblea Nacional, un cargo civil por antonomasia. Ninguna tiranía anterior se había atrevido a semejante atropello. El colmo de la ilegitimidad sería su designación como Presidente de la República en sustitución de Maduro. A un ilegítimo le sucedería otro más ilegítimo todavía.

Tenemos entonces que si Maduro es ilegítimo por no cumplir con el requisito de la nacionalidad, también sería ilegítimo el Vice-Presidente por ser nulo su nombramiento por un presidente ilegítimo. Es igualmente ilegítima la elección de Cabello como diputado. Y más ilegítima su designación como presidente de la Asamblea Nacional. Y finalmente sería la ilegitimidad máxima que sucediese a Maduro en la presidencia. e la denuncia de Pastrana y el P. otarde nacimiento.

ionismo de la MUDlo a la OEA en refuerzo de la denuncia de Pastrana y el P

Como se ve todos son ilegítimos, incluso bajo la Constitución de facto de 1999 impuesta por el Golpe de Estado sistemático y continuado que se inició aquel año. Y eso debemos plantearlo ante la OEA para su conocimiento, adhiriéndonos a la denuncia de Pastrana y su Partido Conservador.

LA RUTA DE LA LIBERACIÓN (XIV)

Liberación Nacional y No Reeleción (114)

El contragolpe constitucional

Es el ordenado por la Constitución de 1961 con el fin de restablecer su vigencia efectiva, encontrándose como está nada más suspendida por el Golpe de Estado sistemático y continuado que se inició con la Constituyente en 1999. Pero hasta ahora ha sido política-ficción.

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La Constitución de 1961, la primera y única de consenso en la historia de Venezuela, al declararse inviolable, calificó por igual de Golpe de Estado al acto de fuerza (ej. golpes militares) y la derogación de la propia Constitución “por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone” (que fue lo que ocurrió en 1999). Asimilar este último al primero tenía por finalidad poner un cerrojo para garantizar la continuidad constitucional obligando al consenso entre gobierno y oposición e impedir de este modo lo que por desgracia ocurrió: que, mediante un ardid jurídico, se instalase una nueva tiranía valiéndose de una Constituyente sumisa al autócrata de turno, tal como había sucedido varias veces en el pasado.

Producida en 1999 la modalidad de Golpe de Estado vía Constituyente, qué pasó con la Constitución de 1961? La respuesta se encuentra en el Art. 250: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone.” Conforme a este artículo, la Constitución de 1961 está vigente, ya que no ha sido derogada válidamente mediante el procedimiento previsto en su texto. Simplemente “ha dejado de observarse”, lo que significa que se encuentra suspendida. Así como hay la suspensión parcial de la Constitución cuando son suspendidas las garantías constitucionales en el estado de excepción, también hay la suspensión general por el Golpe de Estado que es como un estado de excepción ilimitado, propio de las tiranías. En este caso la derogación, por su invalidez, surte los efectos de una suspensión general impuesta de hecho por poderes públicos de facto, viciados por su ilegitimidad de origen.

¿Es aplicable el precepto constitucional citado cuando han pasado 16 años que “ha dejado de observarse” la Constitución de 1961? Dejemos que nos responda la pregunta uno de los redactores del texto constitucional diciéndonos cual fue la intención de ellos (mens legis): “Por larga que sea la duración de los regímenes de facto, y en ocasiones se han extendido a varios lustros, al fin desaparecen por la presión del pueblo y hasta de las fuerzas armadas…Desaparecido el gobierno usurpador, la Constitución recobra de inmediato su efectiva vigencia, por razón de la inviolabilidad. En cierto modo, es como si el régimen de facto que la derogó no hubiese existido” (Ambrosio Oropeza: La Nueva Constitución Venezolana 1961, Italgráfica, Caracas 1969). Así es: las constituciones no caducan ni prescriben, sino se reforman o derogan del modo como ellas mismas disponen. De otro modo, siguen vigentes.

Ya que la Constitución de 1961 está vigente, conserva su vigor lo que en el mismo artículo 250 ordena que se haga. Ordena cumplirla y hacerla cumplir, restaurando su imperio. Desde luego, es imposible cumplir este deber recurriendo a las instituciones del gobierno de facto. No cabe suponer que los golpistas se condenen a sí mismos. En verdad lo que la Constitución de 1961 ordena es dar un contragolpe contra el Golpe de Estado. Sería un “contragolpe constitucional”, el único autorizado y hasta ordenado por la Constitución, cuyo solo fin es restablecer la vigencia efectiva o imperio de la Constitución que se encuentra suspendida inconstitucionalmente.

A diferencia de los Golpes de Estado cuyos autores asumen el poder constituyente, al extremo de declararse “supraconstitucionales”, no sucede lo mismo con el “contragolpe constitucional” tal como lo aclara Oropeza: “Las autoridades constituidas a raíz de la desaparición del régimen de facto, no podrán actuar como poder constituyente, sino que ajustarán su actividad a las normas constitucionales rehabilitadas ordenando desde el primer momento la convocatoria a elecciones generales para que de éstas surjan los poderes legítimos que han de reanudar en la plenitud de su vigencia una Constitución que no pudo ser derogada sino simplemente suspendida por el gobierno de facto” (ibidem).

Tómese lo hasta aquí dicho como política-ficción, inventada por los redactores de la Constitución de 1961 quienes pensaron en un país que no es Venezuela, como lo demuestra que los partidos fundados por ellos se han plegado al Golpe de Estado iniciado en 1999.

LA RUTA DE LA LIBERACIÓN (XIII)
Liberación Nacional y No-Reelección (113)

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Mi solidaridad con Ledezma, López, Ceballos y todos los demás presos políticos, incluyendo a los valientes estudiantes, cuya libertad reclamamos.

La ilegitimidad de los poderes públicos por su origen golpista

La consecuencia jurídico-política del Golpe de Estado vía Constituyente de 1999 es la ilegitimidad de todos los poderes públicos.

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Hasta 1961 Venezuela había tenido 24 constituciones en 150 años de historia republicana. Una Constitución cada 6,25 años de promedio. Un caso extremo de inestabilidad constitucional. Además ninguna de las 24 constituciones había sido consensuada entre gobierno y oposición. Todas fueron constituciones de partido, impuestas sectariamente por los vencedores en guerras civiles y golpes militares, por regímenes continuistas (1935-1945) o por el capricho del tirano de turno (Gómez se hizo aprobar 7 constituciones en 27 años de tiranía).

Vistos estos antecedentes, los senadores y diputados electos en 1958 por el 90% de los electores registrados acordaron, influidos por el espíritu unitario del 23 de enero, una Constitución consensuada entre gobierno y oposición. De este modo nació la Constitución de 1961, la primera y única de consenso que ha habido en nuestra historia. Conscientes de la transcendencia de su obra, con la cual creyeron echar las bases de una estabilidad institucional duradera, convinieron en establecer, como principio inviolable, la “continuidad constitucional” fundada en el consenso y, en consecuencia, la Constitución de 1961, convertida en matriz del constitucionalismo democrático, sólo podía ser enmendada o reformada por acuerdo entre gobierno y oposición con representación en el Congreso (Senado y Diputados), expresado con el voto favorable de las dos terceras partes, que luego, si se trataba de una reforma general, debía someterse a referéndum. Al efecto, descartaron la Constituyente porque todas las constituyentes habían sido golpistas. Todas habían desconocido arbitrariamente el orden constitucional precedente, atribuyéndose poder absoluto y sin control. Golpe de Estado y Constituyente han estado unidos indisolublemente en la historia de Venezuela. La Constituyente de 1947 fue la consecuencia de la rebelión cívico-militar de 1945 que pretendió legitimar y en ella el partido AD, que proclamaba su pretensión de gobernar durante cien años, funcionó como una aplanadora que arrinconó a la oposición tratándola con desprecio: “fascistas, oligarcas, burgueses, cureros” (¿no es acaso el mismo lenguaje del poder 70 años después?). La Constituyente de 1953 fue la consecuencia del golpe militar de 1952 que desconoció el resultado electoral y en la cual sólo los partidarios de la dictadura eran diputados. Estos fueron los antecedentes inmediatos que debieron haber influido en los redactores de la Constitución de 1961, por haberlos vivido y sufrido en carne propia, para excluir a la Constituyente como medio para derogarla. No sólo fue excluida, sino que calificaron de Golpe de Estado a su convocatoria, instalación y funcionamiento, cuando consideraron como tal el que la Constitución “fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone” (Art. 250). En consecuencia, la inconstitucional derogación de la Constitución de 1961 por la Constituyente de 1999 fue un Golpe de Estado, calificado como tal por la propia Constitución. Más aún, desde su instalación la Constituyente de 1999, al declararse por encima de la Constitución (“supraconstitucional”) desconociéndola, actuó como el instrumento para la ejecución diferida del golpe militar de 1992 que se proponía disolver a todos los poderes públicos legítimamente constituidos.

Para convocar válidamente una Constituyente había que incluirla en la Constitución, lo que obligaba al consenso entre gobierno y oposición para su reforma que, desde luego, debía versar sobre los poderes de la Constituyente, la finalidad de su convocatoria y las bases de su elección y funcionamiento a fin de garantizar el consenso, la representación proporcional de las minorías y sobre todo la continuidad constitucional (o hilo constitucional). Fue lo que exigimos en su momento. Pero los golpistas no podían aceptarlo porque hubiese malogrado su objetivo, que era tener poder absoluto para instaurar una tiranía comunista que sirviese a Cuba como gobierno títere. Decidieron entonces pasar por encima de la Constitución y de la voluntad popular, puesto que sólo el 30% de los electores inscritos votó por la violación de la Constitución de 1961, a pesar de la campaña para desacreditarla.

La consecuencia jurídico-política del Golpe de Estado vía Constituyente de 1999 es la ilegitimidad de origen de todos los poderes públicos.

  

LA RUTA DE LA LIBERACIÓN (XII)

Liberación Nacional y No-Reelección (112)

El zarpazo que acabó con la democracia

La Constituyente ejecutó el Golpe de Estado planeado desde 1992, pecado original del sistema que vicia de ilegitimidad a todos los poderes públicos desde entonces, el cual no subsana la Constitución Maldita de 1999, llamada así porque ha sido una maldición para Venezuela.

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Recapitulemos: la convocatoria de la Constituyente de 1999 fue el acto de fuerza con el cual se dio inicio al Golpe de Estado que acabó con la democracia. Fue un acto de fuerza porque no tenía fundamento en la Constitución de 1961 ni en la voluntad popular (el poder constituyente, que reside en el pueblo, no la convocó ya que el 70% de los electores se abstuvo o votó en contra).

Iniciado así el Golpe de Estado se dio el paso siguiente: desconocer la representación proporcional de las minorías para asegurarse el control absoluto de la Constituyente, precisamente lo que quisieron evitar los redactores de la Constitución del 61 por lo cual eliminaron toda posibilidad de tomar esta vía para la reforma constitucional. Los golpistas inventaron el “kino”, un sistema de votación mediante el cual la minoría insurrecta contra la democracia (30% de los electores) tuvo voto múltiple lo que le permitió elegir al 90% de los diputados de la Constituyente. Una trampa de los golpistas para convertir a la Constituyente en brazo ejecutor del golpe.

A pesar de que la Constituyente no era representativa del poder constituyente que reside en el pueblo, tanto por el desconocimiento de la representación proporcional de las minorías como por la abstención del 60% de los electores en su elección, se instaló declarándose originaria con poderes absolutos e ilimitados. Así la Constituyente se convirtió en una asociación de golpistas para delinquir contra la Constitución. Y, a semejanza de las juntas militares que le precedieron, revestida esta vez con el ropaje usurpador de la voluntad popular, asumió la facultad de limitar o decidir la cesación de las actividades de los poderes públicos legítimamente constituidos, lo que significó la implantación de un gobierno de facto. Y como tal se colocó por encima de la Constitución de 1961 todavía vigente al considerarse “supraconstitucional”. La Constituyente actuó como la división blindada de la camarilla golpista para encubrir la ejecución diferida del Golpe de Estado de 1992. Con la Constituyente el golpe antes fracasado se hizo victorioso tomando la forma de AUTOGOLPE, entendiendo por tal el Golpe de Estado que ejecuta el Presidente de la República desde el poder mediante la intervención, disolución o reorganización de los demás poderes públicos (Congreso, Poder Judicial, Fiscal y Contralor). Así la Constituyente los intervino de inmediato.

Consumado el golpe, tal como fue concebido en 1992 (sometimiento de todos los poderes públicos declarados en disolución o reorganización), la Constituyente procedió a consolidar la situación de hecho que había creado, cosiéndole un traje constitucional a la medida con la pretensión de hacerla irreversiblendole ﷽﷽﷽﷽que había creado, poni poder constituyente. l proceso fue s. rocedie la Repces se hizo victorioso tomando la forma de . Al efecto, aprobó el texto redactado por el Golpista Mayor y lo sometió a la aprobación del pueblo. En el referéndum sólo votó el 42,3% de los electores, absteniéndose el 57,7%. Si a éstos agregamos el 11,9% que votó en contra, resulta que el 69,9% del poder constituyente no aprobó la Constitución. Sólo lo hizo el 30%. Una vez más el 70% que no convocó la Constituyente ni la eligió, tampoco aprobó el proyecto constitucional. Evidentemente todo el proceso fue írrito, al margen de la Constitución y en contra de la voluntad mayoritaria del poder constituyente. No hubo proceso constituyente. Se le dio ese nombre a un Golpe de Estado. Por consiguiente, a todos los efectos futuros, la Constitución de 1961 no ha sido derogada. Se ha dejado de observar desde 1999 por el Golpe de Estado sistemático y continuo activado ese año.

La Constitución de 1999 nació maldita. No sólo por la bastardía de su génesis golpista y la perversidad de su autor, que la impuso para poder consumar sin obstáculo institucional la traición a la patria en que incurrió, sino por un suceso natural que presagiaba todos los males que nos ha traído. Aquel día 15-12-99 en que se la votaba cayó el mayor diluvio jamás visto en Venezuela, causante de una inmensa tragedia colectiva. Observado a la distancia, no fue una coincidencia sino una advertencia divina sobre la maldición que nos caía con esta Constitución .

Sin duda la Constitución del 99 ha sido una maldición para Venezuela. Es una Constitución maldita, que nos ha traído todas las desgracias juntas. La única en nuestra historia bajo cuyo imperio hemos perdido la soberanía.

LA RUTA DE LA LIBERACIÓN (XI)